En 2018, el nivel de paz se deterioró 4.9% en México, lo que constituye el tercer año consecutivo a la baja. La tasa de homicidios aumentó 14%, superando las 27 muertes por cada 100,000 personas, el nivel más alto registrado.

El año pasado, el 69.4% de los homicidios fueron cometidos con un arma de fuego. Y la violencia afectó tanto a los políticos como a los civiles, con al menos 850 actos de violencia política registrados durante el ciclo electoral de 2018. Al menos 175 candidatos o funcionarios fueron asesinados. El principal hallazgo de la sexta edición del IPM es que, ante la escalada de violencia, el gobierno ha invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere, limitando con esto la capacidad institucional para impulsar la paz y proveer justicia y seguridad. La justicia penal efectiva requiere mayor inversión. Hoy en día, el gasto del gobierno en las fuerzas policiales y el sistema judicial es apenas la mitad del promedio de los demás países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como porcentaje del PIB. Aunado a ello, únicamente en 7% de los delitos se abrieron carpetas de investigación en 2017 y menos de 3% se cerraron con una sentencia, lo que arrojó una tasa de impunidad de 97%.

 

El grave impacto económico de la violencia justifica el aumento del gasto. El impacto económico de la violencia se elevó 10% en 2018, alcanzando los 5.16 billones de pesos (US$268 mil millones), lo que equivale a 24% del PIB del país. En términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41,181 pesos, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. Además, esta cifra varía considerablemente de estado a estado: va desde 10,808 pesos en Yucatán hasta 83,167 pesos en Colima.

El costo de oportunidad perdido es alto: reducir la violencia de todo México al nivel de sus cinco estados más pacíficos generaría un dividendo de paz de 2.5 billones de pesos al año, o 10 billones de pesos durante un periodo de cuatro años. Eso implicaría un valor económico adicional equivalente a 11% del PIB de México de 2018, o más de 11 veces el gasto actual del gobierno federal en seguridad interna y justicia.

Sin embargo, es imperativo no solo gastar más, sino también gastar mejor. El IPM 2019 presenta los datos y el análisis de las posibles soluciones para alcanzar una paz sostenible en México.

Con información de Vision of Humanity.

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